Diversos frentes críticos parecen arrinconar al Gabinete Valdés. Nació de la crisis de Apurímac contra la minería ilegal y del Estado de Emergencia en Cajamarca por la protesta contra el proyecto Conga, de la desprestigiada Yanacocha. Nació del intento de imponer mano dura y “principio de autoridad” ante los conflictos sociales, llegando a negarse a tratar con los movimientos sociales y limitar los tratos con autoridades locales o regionales, a la vez que las cercaban y hasta procesaban en la pretensión de someterlas. Valdés promovió una suerte de “comité de crisis”, paralelo al Gabinete Lerner y alentado por el propio Presidente Humala, para imponer el Estado de Emergencia en zonas conflictivas. Logró la renuncia del Gabinete Lerner y se inició la era Valdés.
Admirador declarado del pragmatismo fujimorista, dispuesto a denostar contra el informe de la Comisión de la Verdad y decidido a manejar las cosas combinando las políticas de la zanahoria y el garrote, Valdés ha ido dejando una estela de problemas más que de soluciones.
Cajamarca y Conga están lejos de haber encontrado una salida, a la vez que no hay un replanteo del manejo de la problemática minera y extractivista o del problema del agua. A pesar de un nombramiento unilateral de peritos para evaluar el EIA de Conga y limitar los términos de referencia a “mitigar” los impactos del proyecto, los resultados terminaron reafirmando lo central de las observaciones hechas por Giesecke, Ministro del Ambiente del Gabinete Lerner sobre el EIA. El mismo Presidente terminó estableciendo una serie de condiciones nuevas a Yanacocha que implicarían una Evaluación Estratégica Ambiental, de otra dimensión. La misma Newmont dice que necesitaría un nuevo EIA y recalca que implica nuevos costos (como si no se llevaran miles de millones) que deben recalcularse, pretendiendo ver si renegocian condiciones o reconocen que hay problemas ambientales y de ausencia de licencia social que hacen inviable su participación. El manejo Valdés simplemente reafirmó y amplió la falta de licencia social, llevando a que el Presidente busque establecer nuevas condiciones que pudieron manejarse de forma más dialogante con la población y más transparente desde el inicio.
Valdés ha evidenciado que no hay operadores políticos ni manejo informado de los problemas. Las eclosiones sociales y los muertos desde Madre de Dios y Cusco hasta Sechura y Paita lo evidencian. A este ritmo, motivado en ocasiones por la ausencia de planes integrales, de inteligencia político-social, o por promesas incumplidas (como el de los dispositivos comprometidos con los pescadores y armadores de la merluza, entre otros), la administración gubernamental podría terminar con un elevado número de victimas en conflictos sociales y enajenándose un apoyo social popular que la llevó al gobierno. El malestar respecto al incumplimiento de compromisos electorales en las propias bases sociales de lo que fue Gana Perú se acrecienta, mientras el cerco más conservador sobre el gobierno y el poder de quienes no votaron por la Gran Transformación crece.
A ello se suma el desgaste del Vrae. Lo que se llamó una operación impecable, deja evidencias de grandes déficit: de los servicios de inteligencia, de logística que vienen de tiempo atrás, de desatención al personal operativo y una supuesta estela de hechos de corrupción –que vendrían del gobierno anterior (chalecos antibalas y raciones de combate)- más las bajas de efectivos de las fuerzas del orden y conductas que ponen en cuestión el apoyo y la seguridad con que deben contar en las zonas de combate (caso de los desaparecidos). La escasa lucha contra la corrupción entronizada en el Estado se deja sentir.
Algunos quieren concentrar las responsabilidades en los ministros de la Producción o del Interior, pero lo que hace agua es un gabinete sin operadores políticos para la Gran Transformación y que acusa el desgaste de un gobierno que se aleja de los compromisos y las expectativas de cambio que un importante sector de la población ha mantenido. Más allá de los gestos desde Palacio para sostener a Valdés, todo indica que pronto será apenas un fusible quemado que pone en cuestión la legitimidad de una gestión vertical y ajena a la identidad de cambio que se levantó electoralmente.
El proceso de inscripción se iniciará en la cuarta semana de marzo de 2012. Previamente, se debe implementar la Secretaría Técnica que establecerá el procedimiento de registro del Formulario N° 1 de inscripción.